Denuncian un procedimiento llevado a cabo por el fiscal del Medio Ambiente de la ciudad de Curuguaty, Jorge David Romero, quien habría utilizado una orden de allanamiento para efectuar un desalojo y la quema de alrededor de 70 viviendas, además de enseres de los labriegos.
Por su parte, el fiscal Romero negó que se haya quemado casas y aclaró no fue un desalojo lo que habían realizado, sino una verificación del lugar por una denuncia de deforestación, hecho que fue constatado por la comitiva. Los campesinos acusan a policías de haber robado animales domésticos.
Varias hectáreas de producción no pueden ser cosechadas por los labriegos. Sostienen que habría presión política por parte de la cuestionada diputada Cristina Villalba (ANR), teniendo en cuenta que el inmueble en litigio pertenece al hermano de su marido, de nombre Félix Antonio Abente, vinculado a un asesinato en la localidad de Brítez Cué.
“El procedimiento fue el pasado 21 de octubre de este año, en donde alrededor de 250 efectivos policiales acompañados por el fiscal Romero llegaron a la propiedad, nos desalojaron. Salimos en forma pacífica para evitar enfrentamiento, ellos destruyeron las viviendas ya formadas desde hace dos años, los policías robaron todos los animales domésticos; tenemos unas 200 hectáreas de cultivos de autoconsumo y de renta”, señalóAlfirio Almada.
Refirieron que la parlamentaria estaría influyendo para que un grupo de unos 10 policías esté montando guardia en el lugar para evitar que los campesinos ingresen de nuevo.
FISCAL IMPUTÓ A UN LÍDER
El fiscal Romero señaló que en ningún momento se procedió a un desalojo como lo han denunciado. “Nosotros nos fuimos en el lugar y encontramos que estaban talando árboles. Creemos que la invasión es solamente para talar árboles. No hicimos desalojo, inclusive hemos hablado con ellos en forma pacífica, no hay nada irregular en cuanto al procedimiento. Tenemos imputado a Víctor Hugo Aguilar”, señaló el fiscal.
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